El conflicto social y la economía

Claudio Soto

Hemos sido testigos de un fuerte estallido social que nos ha dejado perplejos. Tener un diagnóstico definitivo de las causas es todavía complicado, pero en todo este proceso ha quedado en evidencia que las demandas tras las movilizaciones son diversas, que muchas apuntan a problemas de desigualdad económica, que también hay una queja instalada por otro tipo de inequidades y una clase media que se siente vulnerable.

Tras bambalinas también asoma entre las posibles causas el bajo crecimiento económico de los últimos años, que ha frustrado las expectativas de progreso que se formaron en la época del boom de los precios de las materias primas. Esto, probablemente, es también el denominador común con otros estallidos sociales que hemos visto en la región desde 2013.

Aún no se disipa el polvo de la tormenta, por lo que es difícil aventurar los desarrollos futuros. Por lo pronto, es claro que la actividad económica se verá resentida. El propio ministro de Hacienda reconoció que el Imacec de octubre sería cercano a cero o negativo y que la economía crecería entre 1,8% y 2,2% en el año. Hacia adelante, una serie de elementos impulsarán el crecimiento en direcciones opuestas. Por un lado, los acontecimientos recientes en Chile han afectado la confianza y el clima de negocios. Esto tendrá un impacto en la inversión, aunque los grandes proyectos que han sostenido este componente de la demanda durante el año debiesen seguir avanzando. También se resentirá el consumo, tanto por la incertidumbre como por el impacto en el empleo de estos eventos.

A su vez, el gobierno ha comprometido una agenda social con un mayor gasto público que implica un mayor impulso fiscal. A eso se suma el estímulo que ya está entregando la política monetaria, el que podría ampliarse, según se desprende de los precios de los activos. Además, en los últimos días, el escenario externo ha mutado. El acuerdo entre China y Estados Unidos es inminente, e involucraría no sólo frenar las alzas de los aranceles, sino que éstos sean gradualmente reducidos. Los mercados globales han reaccionado en forma favorable y los temores respecto de una posible recesión en EEUU comienzan a disiparse.

Con todo, el crecimiento para el próximo año será menor del que se esperaba hasta hace un mes. Así, el gobierno ha rebajado sus proyecciones hasta un rango de 2%-2,5%, que coinciden con la visión que se han ido formando distintos analistas.

De cara al futuro, es posible prever que la demanda por mayor protección social y servicios públicos más baratos presionarán el gasto. El reciente acuerdo tributario entre la oposición y el gobierno permitirá allegar más recursos al Estado, pero puede que eso no sea suficiente, por lo que las cuentas fiscales podrían sufrir un deterioro. De hecho, ya para el próximo año el Ejecutivo reconoció que el déficit será casi un punto del PIB mayor que lo contemplado cuando se envió la Ley de Presupuestos. Con todo, dados los bajos niveles de deuda pública del país, la situación fiscal seguirá siendo solvente. De hecho, destaca en los movimientos recientes de las variables financieras la poca respuesta que han tenido las primas por riesgo soberano, que se mantienen muy bajas desde una perspectiva histórica y por debajo de otras economías comparables.

Quizás uno de los desafíos más importantes será cómo generar las condiciones para retomar una senda de crecimiento más robusto. Para ello, restablecer las confianzas es un elemento fundamental. Eso será una tarea de largo aliento, no exenta de dificultades, y requerirá compromisos y la búsqueda de acuerdos amplios.